El presidente de la República, Juan Carlos Varela, admitió haberse reunido con 9 diputados del PRD, tras la denuncia de prebendas a cambio de votos. El Ejecutivo habría violado lo dispuesto por la Constitución Política sobre el nombramiento del contralor, si incurrió en sugerir a un candidato.
El Órgano Ejecutivo estaría violando lo consagrado por la Constitución Política de Panamá, si se comprueban los supuestos ofrecimientos hacia diputados de la oposición para que respalden la propuesta del panameñismo, de nombrar a Federico Humbert como contralor general de la República.
Ayer, durante un recorrido en el distrito de Arraiján, el presidente Juan Carlos Varela reconoció haber conversado con 9 diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y desestimó las afirmaciones de una cuenta del PRD, que aseguraba ofrecimientos del Ejecutivo a diputados por $1.5 millones, a cambio de respaldar la propuesta del panameñismo.
“El vicepresidente de la Asamblea solicitó una reunión; las reuniones se dan, de coordinación se seguirán dando con autoridades locales de diferentes partidos. El tema de la Contraloría es una facultad de la Asamblea”, señaló el presidente Varela al ser cuestionado por los medios.
El mandatario expresó que en esa reunión se habló mucho de otros temas. “Hay un pacto de gobernabilidad, y lo que espero es que escojan a una persona independiente que cumpla con el pueblo”, reaccionó.
Tras esto, Varela defendió la propuesta del panameñismo y destacó que el candidato Federico Humbert fue embajador de Panamá en Washington D.C. en el gobierno del presidente Martín Torrijos, esto en alusión a su independencia.
Pese a la respuesta del presidente Varela, miembros de la sociedad civil reprocharon que se hable de la Contraloría a escondidas y no en la Asamblea, donde la toma de decisiones se da a la luz pública.
El catedrático Miguel Antonio Bernal considera que ningún candidato a contralor puede tomarse en cuenta si es recomendado por el Ejecutivo.
“Es potestad del Legislativo; abran la puerta de la participación ciudadana”, afirmó Bernal.
El constitucionalista señaló que por tratarse de un cargo de esta naturaleza, deben existir muchos intereses. “Debe haber mucho dinero corriendo por allí, muchas ayudas, porque se quiere a alguien en la Contraloría que tenga forma de tapadera”, dijo.
Bernal indicó que el contralor no puede representar conflicto de intereses, pues “quieren nombrar a Humbert a espaldas del pueblo”.
“Diputado que vote por Humbert será repudiado por la ciudadanía; no puede ser de otra manera, los diputados en su gran mayoría responden de acuerdo a lo que les ofrezcan”, sentenció el abogado.
A su vez, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, expresó que no pueden hacerse negociaciones de recámara ni a escondidas, en cambio la elección debe ser transparente.
La Constitución establece como potestad de la Asamblea Nacional nombrar al contralor general.
El representante de la sociedad civil señaló que definitivamente un puesto como el contralor tiene que someterse a un proceso de debate amplio en el que todas las personas que aspiran al cargo sean entrevistadas y expuestas al debate de la sociedad civil.
“La sociedad panameña ha ido madurando, sobre todo la participación ciudadana; los políticos deben entender que los ciudadanos, que son quienes les dan el poder en las urnas, están reclamando mayor transparencia y participación”, indicó Lee, quien reiteró que los políticos no pueden repetir la fórmula de excluir a los ciudadanos.
La Constitución señala que son potestades administrativas de la Asamblea Nacional “nombrar al contralor general de la República, al subcontralor de la República ..., -entre otros-”.
