¿El pacto ‘RoVa’ aseguró a Humbert en la Contraloría?

El entendimiento entre el diputado  y el mandatario, levantan sospechas sobre si, a cambio de obras,  Robinson apoyará a Humbert 

Ya lo dijo la diputada independiente Ana Matilde Gómez: ‘En la Asamblea todos son pactos’. Al parecer, el presidente, Juan Carlos Varela, también lo tiene claro y, por eso, da la impresión de que ha decidido tender puentes con el perredista Benicio Robinson, vicepresidente de la Asamblea Nacional, para que se aclare el panorama sobre quién será el reemplazo de Gioconda Torres de Bianchini y el candidato del oficialismo, Federico Humbert, tenga el respaldo necesario para quedarse con el puesto.

Al menos, así interpretan algunos la reciente gira del mandatario por Bocas del Toro, donde Robinson es diputado, y en la que Varela prometió toda una serie de mejoras para la caribeña provincia.

‘Ese encuentro se conoce ya como el ‘Pacto de Bocas’, el ‘Pacto RoVa’ (Robinson-Varela). Fue para que el diputado ayude al presidente con la candidatura de Humbert’, comenta el abogado Miguel Antonio Bernal.

Francisco Sánchez Cárdenas, dirigente perredista, no se sorprende de la posible negociación, ya que ‘el Ejecutivo no tiene los votos en la Asamblea para lograr los nombramientos del contralor y del procurados’.

Sin embargo, hay algo que no tiene del todo tranquila a Marylin Vallarino: ‘Lo que me preocupa es que, en vez de gobernabilidad, lo que hay, más que todo en el PRD, es que ellos están pensando ‘qué hay para mí’. Solo hay que ver cómo Benicio Robinson está negociando para su beneficio personal’.

Ante este panorama, Sánchez Cárdenas solo opina que ‘si se negocia solo para repartir los poderes y dé prebendas, las cosas estarían muy mal para el país’.

Benicio Robinson estuvo en la Asamblea pasada, ¿no cree que una de las condiciones que le puso a Varela para apoyar a Federico Humbert Arias es que éste no investigue al PAN ni las partidas circuitales?

Más subsidios en supuesta época de austeridad

Los criterios para subsidios han sido contradictorios al inicio de la administración Varela. Mientras, por un lado se habla de recortes a subsidios (como el de la electricidad) con el argumento de la “falta de fondos”, por otro lado, se oficializan compensaciones polémicas, como la de los molineros, secuela de la implementación del Control de Precio, que ha afectado a los arroceros.

Según el propio ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, en el rubro del arroz el Estado podría desembolsar, de aquí a diciembre, $20 millones.

Previo a esto, el Gobierno ya había anunciado dos emblemáticos aumentos de subsidios estatales: el de la Beca Universal y el del programa $100 a los 70, que pasó a ser $120 a los 65.

Solo en este último aporte para personas en situación de pobreza y sin jubilación, el Estado tendrá que pagar $170 millones.

Y el aumento de la Beca Universal (de $30 para estudiantes de primaria, $40 para premedia y $50 para los de media) costará a las arcas del Estado $201 millones.

Y en la recién concluida Expo Hábitat, el presidente Juan Carlos Varela anunció que aumentará de $5,000 a $10,000 el subsidio que otorga el Estado para las viviendas de bajo costo.

Y ya toma fuerza un proyecto de ley que crearía un subsidio de $480 para embarazadas que no gozan de los beneficios del programa de maternidad de la Caja de Seguro Social.

La pregunta es: ¿Y qué dice el Gobierno del subsidio para menores en riesgo social?

Gobierno no cubre gastos de menores en riesgo social

• Aldeas Infantiles SOS solicita al Gobierno un subsidio de $1 millón

• 53 albergues en el país se ocupan de 1,147 menores en riesgo social.

Ayuda estatal, a la orden del día

• Los nuevos subsidios anunciados por el Gobierno no han tomado en consideración a los menores huérfanos o en riesgo social.

La señal de socorro más utilizada internacionalmente es SOS. Curiosamente, aunque esta aparece en el nombre oficial de la organización internacional Aldeas Infantiles (que ofrece familias a niños en riesgo social), ahora es el propio capítulo panameño de esta ONG el que envía la petición de ayuda... solicitud que por el momento parece caer en oídos sordos.

Los números en rojo de Aldeas Infantiles SOS Panamá se deben al trastoque del modelo de funcionamiento de esta organización, que se fondea principalmente con donantes privados de países de Europa.

Y la crisis económica en este continente ya provocó la reducción de más de $100 millones, solo para las sedes de Aldeas Infantiles de América Latina. En el caso de Panamá, se ordenó el recorte de $1 millón para el año en curso, medida que se repetirá para 2015.

Pero el recorte de $1 millón supone un golpe nefasto para las finanzas de Aldeas Infantiles SOS Panamá, que requiere de un presupuesto de funcionamiento de $2.3 millones al año.

Estos recortes ya provocaron cierre de sedes de la región, pero en Panamá, Aldeas Infantiles ha hecho malabares financieros, logrando mantener a flote sus cuatro sedes (Panamá, Colón, David y Penonomé).

Del Gobierno solo reciben $71,000 al año, lo cual es insuficiente para cubrir la manutención de 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.

Sin respuesta

La solicitud concreta es que el Gobierno aumente -y que lo haga por ley- el apoyo que brinda a los albergues.

“Le hemos enviado solicitud de apoyo a la primera dama, que aunque ya nos visitó, seguimos esperando su respuesta. También hemos enviado cartas al ministro Alcibiades Vásquez, del Ministerio de Desarrollo Social, así como a los diputados Adolfo Valderrama, Ana Matilde Gómez y Rosa Canto, pero sin respuesta”, indicó Domingo Barrios, presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Panamá.

Al respecto, este diario consultó al presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo “Beby” Valderrama, y a la diputada independiente Ana Matilde Gómez y ambos negaron haber visto la solicitud, aunque se mostraron a favor de un mayor apoyo estatal, en la eventualidad de un proyecto que lo plasme.

También se intentó en reiteradas ocasiones obtener la posición sobre esta solicitud de la diputada del PRD Rosa Canto, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, pero no se obtuvo respuesta.

Décima provincia tendrá que esperar para el Metro

METRO LIBRE - La Secretaria del Metro (SMP) aclaró que la llamada Línea 3 del Metro de Panamá, proyectada desde la capital hacia la provincia de Panamá Oeste, requerirá para su construcción, definir primero la mejor alternativa con respecto a la edificación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. 

Según la SMP, se tendrá que analizar una estrategia más compleja de financiamiento para ambos proyectos.

"El tiempo de ejecución y puesta en marcha de la Línea 3 dependerá del tiempo de ejecución del cuarto puente sobre el Canal, lo cual pudiese tomar hasta seis años", informó la entidad. 

Línea 3 del metro no llegará hasta La Chorrera

La tercera línea será paralela a la vía Interamericana, partiendo desde la estación del metro en Albrook hasta 8 kilómetros antes de llegar a La Chorrera.

La razón de por qué no llegaría hasta ese distrito se la plantearon los miembros de Ancón en la reunión sostenida hace mes y medio. Según contó Spadafora, el argumento es que el distrito de Arraiján tiene más población que el de La Chorrera.

Otro aspecto fue que llegar hasta ese distrito, de un extremo a otro, tomaría casi una hora, lo que, a juicio de los ingenieros que le sustentaron el proyecto, no era factible, porque la razón de un sistema metro es que el tiempo de viaje sea corto.

Azuero ya puede beber agua?

PRENSA - Para sorpresa de miles de residentes de los distritos de Chitré, Los Santos, Las Tablas y Guararé, que se habían resignado a soportar nuevamente la escasez de agua potable, el Ministerio de Salud anunció ayer tarde que levantaba la prohibición de consumo de agua proveniente de las potabilizadoras Roberto Reina, de Chitré, y Rufina Alfaro, de La Villa de Los Santos.

La medida ha sembrado la desconfianza en las autoridades de Salud, por cuanto van dos veces que se emite una alerta de alta contaminación sin darse una explicación del origen.

Un boletín de prensa del Minsa explica que los tres exámenes efectuados en el Laboratorio Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario revelaron que los niveles de atrazina en el agua del río La Villa están por debajo de una parte por billón (1ppb) como lo establece la norma.

Acto seguido, la autoridad de Salud certificó que el agua es apta para el consumo humano y reiteró que se mantendrá un monitoreo permanente de la calidad del agua en la región de Azuero.

Aunque el Minsa adujo que desde la suspensión de consumo de agua tomaron muestras cada 24 horas hasta lograr valores permitidos de atrazina en el agua, no explicó cómo y por qué se reflejó un nivel peligroso del herbicida en la corriente.