- 42 homicidios hasta agosto de 2014 en los distritos de La Chorrera y Arraiján.
- 15 años es el tiempo que tienen de construidos los multifamiliares en San Antonio de La Chorrera, un proyecto que fue duramente cuestionado por los moradores.
Lucha por el control arrincona a la población
- Comunidades costeras y los barrios ubicados en las áreas urbanas de estos distritos son los sitios predilectos para los pandilleros
La tranquilidad y el ambiente interiorano que reinaban en Panamá Oeste se han visto violentamente interrumpidos por salvajes asesinatos, guerras por el control de territorio para el tráfico de drogas y armas, extorsión a empresarios y amenazas a la población.
Las pandillas Bagdad y Calor Calor imponen el terror en diferentes comunidades, en las que mantienen a la población casi secuestrada con el temor a ser víctima de la guerra generada por el tráfico y el comercio de drogas.
El cruel asesinato el sábado pasado de una familia en San Antonio de La Chorrera y los 42 crímenes violentos perpetrados en lo que va del año en la provincia son una prueba de la difícil situación de inseguridad que vive la región.
Las pandillas están ganando terreno y es tal su poderío que mantienen sitiadas a comunidades enteras con armas de alto calibre, como fusiles de asalto.
Según informes de inteligencia que manejan los estamentos de seguridad nacional, estos grupos delictivos han llegado hasta a hacer pactos para mantener el control en diferentes puntos de los principales distritos de la provincia.
Este pacto, que se hizo en uno de los centros penitenciarios del país entre los cabecillas, determinó que Bagdad controlara las zonas costeras de La Chorrera y Calor Calor, las de Arraiján.
La violencia se recrudeció en las últimas semanas porque los mandos medios no respetaron este pacto. A lo interno de las mismas pandillas se están disputando el control de la venta local de drogas.
Estas disputas internas han motivado que de los 28 asesinatos cometidos en La Chorrera, 23 podrían estar vinculados a las actividades delictivas de las pandillas y el crimen organizado.
Bagdad y Calor Calor tienen su génesis en las áreas urbanas de Panamá y San Miguelito, pero según informes de inteligencia, estas bandas se han movilizado a comunidades de Panamá Oeste, principalmente a las zonas costeras.
La migración de estos pandilleros hacia el oeste obedece a su cercanía con los carteles transnacionales del tráfico de drogas, a los cuales les brindan los servicios de custodia y, en ocasiones, hasta les roban las sustancias ilícitas por medio del conocido tumbe.
Los aparatos de investigación en Estados Unidos revelan que las costas del Pacífico panameño siguen siendo la ruta por excelencia para el tráfico de drogas.
Por esta razón se explica que estos grupos prefieran instalarse en zonas apartadas de comunidades costeras como Puerto Caimito, en La Chorrera, controlado por Bagdad, y en Bique de Arraiján, que es territorio de Calor Calor.
Extorsión
Informes policiales revelan que empresarios que operan en estas zonas costeras de Panamá Oeste han sido objeto de extorsión por parte de estas pandillas, las cuales les ofrecen seguridad a sus empresas a cambio de que no haya presencia policial en las costas para que ellos tengan libre circulación.
Muchos empresarios se han resistido a pactar con las pandillas y han sufrido las consecuencias al recibir amenazas. El temor ha provocado que muchos de sus trabajadores decidan renunciar por la inseguridad de laborar en las costas.
Un empresario del área de Puerto Caimito en La Chorrera confirmó a Panamá América que esta situación se está registrando, por eso considera que es positivo que la Policía Nacional tenga mayor presencia en las calles de la comunidad por medio de retenes, de forma permanente.
Luego de los incidentes que se registraron el pasado fin de semana en la barriada San Antonio del distrito de La Chorrera, unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) y de la Policía Nacional mantienen dos puestos de control en la entrada de la populosa comunidad costera.
La situación se complica debido a que los grupos delictivos que operan en las zonas costeras necesitan mantener células en comunidades ubicadas en las áreas centrales de estos distritos para la venta de la droga que se queda en el país como resultado del pago que las organizaciones criminales les dan por su custodia.
Esta situación ha provocado que comunidades en La Chorrera que en un tiempo fueron ejemplo de tranquilidad en la provincia de Panamá Oeste sean presas del temor por la guerra declarada entre pandillas.
Comunidad en crisis
En el caso de San Antonio de La Chorrera, las personas prefieren estar prácticamente prisioneras en sus casas. “Cuando cae la noche, nadie sale, ni siquiera para ir a la tienda”, comentó una señora temerosa desde detrás de los barrotes de las verjas de hierro que protegen su residencia.
Otras familias han preferido ceder y han vendido sus propiedades a muy bajo precio, con tal de irse a otros lugares en donde no haya presencia de grupos delictivos.
La señora Soraya, quien tiene 44 años de vivir en San Antonio de La Chorrera, asegura que todo cambió hace 15 años, cuando en mayo de 1999, el entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, inauguró un complejo de edificios para damnificados de áreas rojas de la capital, obra que fue fuertemente cuestionada por los moradores.
Soraya recuerda que toda la comunidad firmó una nota de protesta que sustentaba el peligro que sería la construcción en el lugar de estos multifamiliares; el barrio no volvió a ser el mismo, rememora.
El proyecto se construyó para darles solución de viviendas a personas residentes en Calidonia y Curundú que habían sido afectadas por diversos incendios y fue promovido por la entonces ministra de Vivienda, Balbina Herrera.
Comenta Soraya que desde entonces la comunidad empezó a cambiar, eran más frecuentes las riñas públicas, escándalos y el consumo de alcohol y drogas.
La violencia en el lugar se fue recrudeciendo en los últimos meses, debido a que una célula de Bagdad fue desplazando a los otros grupos: MOM (Matar o Morir) y Toca y Muere, entre otros, que habían llegado al lugar procedentes de Curundú y Calidonia.
Estas diferencias fueron motivando enfrentamientos armados en plena vía pública, lo que ha afectado a los ciudadanos decentes que residen en estos lugares, relató Soraya.
En enero de 2013, una señora que viajaba en un autobús quedó atrapada en una balacera entre pandilleros de ese lugar; fue impactada con un disparo en la cabeza y murió.
Plan cuadrante
La violencia se calmó durante un tiempo porque la policía decidió montar un retén policial permanente como parte de una estrategia de seguridad en el lugar.
No obstante, hace tres semanas, los encargados de la seguridad del país cambiaron de estrategia y sustituyeron los retenes policiales y los operativos por un sistema denominado plan cuadrante.
Este plan consiste en reemplazar a la policía represiva con presencia en las calles por una policía que permanezca en los cuarteles armando estrategias de prevención y de inteligencia.
El subcomisionado Gregorio Alvarado, subjefe de la Zona de Policía de Panamá Oeste, asegura que mantienen el orden público en el área. No obstante, reconoció que la lucha por el control de la venta de drogas en el área es lo que ha motivado los conflictos de las últimas semanas.
Alvarado dijo que la policía logró retornar la calma en San Antonio con la captura de los pandilleros involucrados en el asesinato de una familia entera el sábado pasado y que eran quienes estaban sembrando el terror en el lugar.
Los expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli; de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y de El Salvador, Armando Calderón, reivindicaron la participación de los jóvenes en la política para sanear y dignificar las instituciones y transformar la calidad de vida en los países latinoamericanos.
