lunes, 28 de julio de 2014

Primeros desaciertos del pueblo primero

Parece que los primeros días del gobierno ‘People First’ no están siendo muy aceptados del todo, y es que, a pesar de que el presidente Juan Carlos Varela le dio cumplimiento a una de sus primeras promesas de campaña al congelar los precios de 22 productos de la canasta básica de alimentos, las cosas no comienzan como con el expresidente Ricardo Martinelli.
Aunque el porcentaje de aceptación del nuevo gobierno es alto, según la más reciente encuesta de D&N, muchas son las incertidumbres que la población de forma general se plantea; el tema de los indultos, el aumento de seguridad para expresidentes, las partidas circuitales, los ascensos en el SPI, los escándalos de corrupción en el Órgano Judicial, entre otros.
Estos temas incrementan la incertidumbre de que, si así estamos comenzando, qué se esperará para mediados o el final. Los nombramientos en el Gabinete y otros sectores tampoco han sido vistos con muy buenos ojos.
Por ejemplo, el sector educativo no ha aceptado totalmente la designación de la ingeniera Marcela Paredes como ministra de Educación, y mucho menos el de la antigua directora regional de Panamá Oeste, María Castro, como viceministra; pues, como directora regional de la administración de Lucy Molinar persiguió a muchos educadores, y en la huelga de este año gestionó la insubsistencia de una compañera de esta región.
Creo que el ingeniero Varela no se ha preocupado en investigar la trayectoria de las personas que ha designado en su gobierno. Al final le tocó designar casi de manera apresurada a algunas autoridades. Entendemos que como presidente electo tenga la facultad de hacerlo, pero para muestra un botón, pregunte en Panamá Oeste ¿quién está de acuerdo con la designación del señor Javier Herrera como gobernador de la nueva he histórica provincia de Panamá Oeste?
Si a este grupo de desaciertos le sumamos el gravísimo problema de la alza de la tarifa eléctrica, un monto que hasta el día de hoy no ha sido definido, neutralizamos la promesa de ‘más plata en tu bolsillo’, en la que el mismo presidente prometió un ahorro de US58.00.
Peor aún, los productores y los pequeños distribuidores ya se están pintando de guerra, porque se han dado cuenta de que este proyecto solo busca beneficiará al consumidor final, y no a ellos como pequeños inversores y productores.
Si mal no recuerdo, el lema de campaña de Juan Carlos Varela fue ‘cien cero’, ciento por ciento agua potable, cero letrinas. Asumo que, como este lema no fue muy aceptado, se vio en la necesidad de cambiar a un plan B; y este fue ‘el de más dinero en tu bolsillo’, no lo planificó a tiempo, ahora trata de empatarla, improvisa.

CONTROL DE PRECIOS: Precio de la canasta básica en abarroterías también aumenta



Incongruencias
  • Especulación
  • El Decreto Ejecutivo 165 exige a los comerciantes ofrecer otro producto regulado, en caso de que se acabe el primero en la lista de regulación.
  • Poco tiempo
  • Los expertos en economía y los defensores de los consumidores consideran que seis meses resulta muy poco tiempo para estudiar por completo la medida de regulación.
  • Política errada
  • El economista y excandidato presidencial Juan Jované asegura que nos encontramos frente a una política insuficiente, inconsistente e incoherente, pensada más mediáticamente que en términos de justicia y equidad social.
Los panameños no solo están expuestos a la especulación de precios en los supermercados. Las abarroterías o minisuperes, atendidos en su mayoría por los conocidos “chinitos”, también incumplen muchas de las reglamentaciones del Decreto Ejecutivo 165.
En esos establecimientos, la canasta básica de julio está valorada en $354.82, más costosa que en los supermercados. En mayo costaba $352.51. “El 60% de la población trabajadora adquiere sus productos de alimentación en este tipo de tiendas; si a ellos se les antoja no vender ninguno de los 22 productos que están regulados, lo pueden hacer porque el decreto se los permite”, señala Yakarta Ríos, de Consumo Ético.
Otra de las irregularidades existentes, comenta Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), es que muchos no permiten la entrada de los clientes debido a la inseguridad que reina en las áreas donde están ubicados dichos comercios. En San Miguelito, por ejemplo, el 40% de las tiendas operan con portones o rejas de hierro por temor a ser objeto de robo o porque ya les han robado anteriormente. “Eso no permite que los consumidores observen qué precio tiene el producto ni la calidad de estos”, apunta Acosta.
El decreto rige en todo el país, menos en las comarcas indígenas ni las áreas insulares.