jueves, 11 de julio de 2013

MINSA: Panamá, líder en América en prevención del tabaco

Panamá fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el primer país en el continente americano en adoptar medidas estrictas en la erradicación del consumo de tabaco. 
La organización internacional catalogó de positivas y eficaces las metodologías implementadas por el Estado panameño para erradicar este vicio que acaba con la vida de un millón de latinoamericanos cada año.
Douglas Bettcher, director de prevención de las enfermedades no transmisibles de la OMS, manifestó que a nivel regional Panamá ha redoblado los esfuerzos para que la población tome conciencia sobre el latente peligro en que se encuentran las personas que tienen el hábito de fumar.
“Panamá fue el primer país de las Américas en aprobar una ley contra el tabaquismo, la cual ha restringido la venta, promoción y consumo del tabaco y sus derivados en todo el país”, destacó el representante de la organización mundial.
Bettcher agregó que después de la aprobación de esta ley, Panamá ha seguido trabajando en la ejecución de otras propuestas para frenar este vicio que atenta contra la salud, lo que es aplaudido por la OMS.
Por su parte Javier Díaz, ministro de Salud, señaló que después de la entrada en vigencia de la ley en el año 2008, la administración del presidente Ricardo Martinelli siguió con las políticas de agresividad para erradicar el tabaquismo en Panamá.
“Por ejemplo, el impuesto para los productos derivados del tabaco se aumentó en un 100%, una cifra récord y que ha contribuido a que los panameños dejen de fumar”, señaló Díaz.
Además, añadió que en las edades entre los 13 y los 18 años, de 1995 a esta parte, se ha disminuido el consumo de tabaco en un 10%. Destacó que los jóvenes están tomando conciencia en el tema.
El jefe de la cartera de Salud reiteró que el Ministerio gasta más de cien millones de dólares anuales en tratar enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

SIN RUMBO: Dos copartidarios del PRD se acusan de Maleantes


Pese a que la alta dirigencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus diputados aseguran que la pugna a lo interno de ese colectivo es un tema del pasado, dos de sus copartidarios se enfrascan en una guerra de acusaciones en la que sale a relucir el tema del narcotráfico.
Las aguas vuelven a ponerse turbias dentro del PRD, aún cuando el propio diputado Benicio Robinson declarase que se han fortalecido luego de la ratificación de Rubén De León como jefe de esa bancada opositora.
Pero mientras los diputados del PRD, en un supuesto ambiente de calma, presentaban a la prensa y ante los demás padres de la patria a Rubén De León como el jefe de su grupo, Juan Messina, un abogado de profesión que fue investigado y luego absuelto por supuestos delitos de blanqueo de capitales en 2006, tildaba de “traidor” y “sapo” al diputado Raúl Pineda.
Messina, quien además es delegado del PRD y esposo de la candidata a diputada en San Miguelito Kathy Ramos, aprovechó el espacio televisivo en Telemetro para arremeter contra Pineda, que la semana pasada fue acusado directamente por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, de mantener lazos estrechos con el crimen organizado.
Messina dijo que las declaraciones de Mulino, que lo acusó de liderar una pandilla en Colón junto con David Viteri, fueron inventadas por Pineda.
“Yo sé de dónde sale esa información que declaró el ministro... Se las dijo el diputado Raúl Pineda. Cuando el ministro dijo que Pineda se le acercaba para conversar, era para sapear”.
Messina, que fue absuelto por el presunto delito de blanqueo de capitales luego de estar detenido tres años, expresó que es Pineda quien compra votos por medio de dinero y sustancias ilícitas.
Esto lo mencionó al ser interrogado sobre el porqué de la rivalidad entre su persona y el diputado.
“Pineda no puede pagar más centros políticos según él, pero si puede comprar y pagar votos con drogas, como se escucha en un audio”.
Viejas diferencias
Tras una investigación en archivos periodísticos se pudo conocer que la diferencia entre Messina y Pineda es de vieja data, aunque el primero alega que todo se debe a que Pineda teme por su curul con la entrada al ruedo político de Kathy Ramos en el circuito 8-6. Ramos es esposa de Messina.
Al parecer este conflicto surge en 2011, según una fuente que no quiso revelar su nombre, luego de que la placa oficial del diputado Pineda fuera sustraída de su oficina política.
Un día después, dice el informante, la Policía detuvo a un sujeto de nacionalidad colombiana con 147 kilos de cocaína a bordo de un vehículo en el que también estaban la placa y las credenciales de Pineda.
Ante tales descargos, este diario intentó abordar a Raúl Pineda en el recinto legislativo, pero solo se remitió a decir que “no le iba a responder a un maleante”.
Por su parte, el presidente de la AN, Sergio Gálvez, comentó que en el PRD hay una división profunda que se refleja en la existencia de más de dos corrientes políticas.
“Tienen una pelea interna, es un problema a lo interno del PRD.... Ellos están divididos en cuatro grupos, se están halando las greñas”, mencionó Gálvez.
Mientras, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, argumentó que el PRD tiene que resolver sus problemas internos y que, a diferencia de ese colectivo, Cambio Democrático está más unido que nunca ante el torneo electoral que está a la vuelta de la esquina.

Claves

  • 2012 es asesinado el asistente político de Raúl Pineda en San Miguelito.
  • 3 años estuvo detenido Juan Messina por supuesto delito de blanqueo de capitales.

CD Radio hace su estreno



Desde el pasado lunes 8 de julio, inició operaciones  la emisora ‘CD Radio’ - La Voz de la Democracia, el nuevo canal de divulgación del Partido Cambio Democrático. Este medio de comunicación busca hacer balance informativo, destacando las actividades que realiza este colectivo para impulsar el desarrollo social y económico de todos los panameños.

‘CD Radio’ – La Voz de la Democracia, contará con una programación variada que incluye micro-noticieros, espacios de opinión política, reportajes y franja musical. Se transmite en la frecuencia 900 AM, con cobertura inicial en el área metropolitana, Colón y sector de las playas.

Pueden seguir la cuenta Twitter de la emisora ( @CDRadioPanama ), para mantenerse informados en la programación de este nuevo medio de comunicación.

HISTORIA DEL PRD EN 40 AÑOS: VAN DAM El Puente que nunca se construyó


En uno de sus encuentros con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, a fines de los 70, el general Omar Torrijos Herrera le solicitó apoyo para construir un nuevo puente sobre el Canal de Panamá, tomando en cuenta que el viejo puente de las Américas ya no llenaba las expectativas de tránsito entre la ciudad de Panamá y el resto del país.

Pérez accedió y gestionó la ayuda a través de FIVEN (Fondo e Inversiones de Venezuela), una especie de COFINA, sólo que con un radio de acción más amplio. La ayuda se pactó en 1980, por un monto de 100 millones de dólares, pero con la condición de que la fabricante del nuevo puente sería una empresa venezolana y la constructora, una panameña.

El entonces presidente Aristides Royo dijo que la obra sería sometida a licitación internacional, pero ello fue desmentido por la Gaceta Oficial que promulgó el contrato. La misma fue adjudicada a la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam, que fabricaría las estructuras, en tanto que las obras estarían a cargo de la compañía Sosa & Barbero Constructores. El contrato también incluyó otras cláusulas que beneficiaban a los amigos del régimen. Por ejemplo, las tareas de inspección serían realizadas por la Constructora Lakas, S.A.

Lo único que fue sometido a licitación internacional fue el diseño del puente, que fue ganada por una firma inglesa –Cleveland Bridge Engineering–, que hasta la fecha sigue reclamando el pago de su trabajo.

En 1981, el Gobierno de Caracas inició el desembolso de los dineros con lo que se dio inicio al alquiler de equipo, movimiento de tierras (Arraiján-Cocolí), construcción de las torres principales, encofrado para pilotes, parte del tablero de la luz del puente y otros trabajos no facturados, valorados en varios millones de dólares, incluyendo la inspección, a pesar de que el puente no había sido terminado.

Pero entonces desapareció el “hombre fuerte” de Panamá, el general Torrijos, el 31 de julio de 1981. Poco después, el presidente Royo fue “renunciado” (hecho que fue conocido como ‘el gargantazo’) y fue reemplazado por su segundo, Ricardo De La Espriella.

En virtud de los desmanes en la administración de las obras del puente –que hizo eco en Caracas–, los trabajos comenzaron a atrasarse. Fue entonces que De La Espriella, aduciendo que la economía nacional no atravesaba su mejor momento, ordenó suspender las obras.

Según el encargado de las obras del puente, el entonces director de Proyectos, Rogelio Dumanoir, esta fue la principal razón de la suspensión. Sin embargo, Dumanoir no alude las continuas acusaciones de corrupción en la administración que se hicieron en esos tiempos acerca del dinero.

El escándalo fue mayúsculo. Las estructuras del puente aún reposan en Puerto Ordaz y La Victoria, en Venezuela. En Panamá y Caracas, el Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero no se cansó de exigir una indemnización por los daños percibidos que, inicialmente, ascendían a 24.5 millones de dólares, pero que ellos calculaban en 65 millones, incluyendo los quince millones de dólares de la consultora inglesa creadora del diseño del malogrado puente “Simón Bolívar”.

Pese a que Sosa & Barbero fue la beneficiaria de la dictadura, nunca logró ser resarcida por los daños y perjuicios sufridos en ese período. Sus directivos debieron esperar el retorno de la democracia, y no fue sino hasta el 20 de mayo de 1999, cuando un Tribunal de Arbitraje, al que fue sometido el conflicto, resolvió condenar al Estado panameño a pagar únicamente 20 millones de dólares al Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero.

Es importante señalar que, aunque la Corte Suprema de Justicia, en uno de sus ya históricos fallos, determinó la nulidad del contrato de construcción del segundo puente, las demandas legales siguieron su curso. Incluso, en 1995, la misma Corte exoneró de responsabilidad al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, en aquel entonces ministro de Hacienda y Tesoro, mientras que Aristides Royo y su vicepresidente Ricardo De La Espriella, tras ser investigados, no fueron inculpados.

HISTORIA DEL PRD EN 40 AÑOS: El desfalco de la CSS

Se trata de uno de los mayores escándalos del país. En 1981, la Caja de Seguro Social (CSS) decidió aprobar el denominado Programa Colectivo de Viviendas. Un total de 38 empresas fueron beneficiadas con el megaproyecto para la construcción de 10 mil viviendas en varios puntos del país.

En resumen, según la investigación que hizo el entonces fiscal de la causa, Carlos Cuestas, el caso resultó en una “megamalversación” de fondos públicos. Resulta que la investigación probó hechos irregulares, por decir lo menos. Por ejemplo:
  • No había contratos entre la CSS y los promotores, para justificar los adelantos en efectivo y bonos;
  • Las fianzas de cumplimiento de los contratos con la CSS –por un monto de 91.4 millones de dólares con 38 promotores– no fueron formalizadas;
  • El Ministerio de Vivienda nunca aprobó los polígonos que debían hipotecarse;
  • Los polígonos a hipotecarse no fueron delimitados, por lo que no se podía conocer el espacio exacto de las casas en estos ni las condiciones de la tierra;
  • Algunos de los proyectos se estaban ejecutando en polígonos que no eran propiedad de los promotores;
  • Otros proyectos se ejecutaron sobre fincas hipotecadas a terceros;
  • Las compañías de seguros expidieron fianzas de cumplimiento sobre contratos inexistentes.
Además, se contrataron dos pólizas de seguro, una por 214 millones de dólares, por el riesgo de vida y otra por 171 millones de dólares para dar cobertura en caso de incendio de las 10 mil viviendas... no construidas.

Por la contratación de estas pólizas hubo quienes se cobraron comisiones. Según relata Cuestas en su libro Memorias de un fiscal, el escándalo de la Caja de Seguro Social, tres cheques de más de 150 mil dólares fueron girados a favor del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para pagar comisiones por la contratación de estas pólizas. Es decir, al parecer, en aquel entonces el PRD también era corredor de seguros.

Por este “megaescándalo” fueron condenadas varias personas en primera instancia, entre ellos Abraham Saied, entonces director de la CSS; y los miembros de la Comisión Evaluadora del Programa Colectivo de Vivienda: el doctor Ricardo Fábrega Sánchez; el licenciado Martín Burgos Velarde y el ingeniero Wallace Ferguson.

En el caso de Fábrega Sánchez y Martín Burgos, se descubrió que eran beneficiarios directos del Programa Colectivo de Vivienda, lo cual explicaría muchas cosas.

El fallo del entonces juez segundo de circuito, Rogelio Saltarín, se dictó a mediados de mayo de 1983. Sin embargo, fue apelado y el caso pasó al Segundo Tribunal Superior de Justicia donde se le perdió el rastro. En total, la CSS perdió más de 100 millones de dólares en esta trágica aventura, cuyas consecuencias son ahora más evidentes que nunca.

HISTORIA DEL PRD EN 40 AÑOS: El Desfalco de COFINA


Cuando los militares, liderados por Omar Torrijos Herrera, comenzaron a definir su control sobre el país, sus asesores recomendaron crear una banca de fomento para promover el desarrollo de la mediana y gran empresa. De esta manera, alegaban, se impulsaría la economía del país, se crearían nuevas fuentes de empleo y se lograría el apoyo político de una nueva clase económica.

Así nació la Corporación Financiera Nacional (COFINA) mediante Ley de 1975 y, de inmediato, los amigos del régimen cayeron –cual buitres sobre carroña– sobre sus fondos. En seguida iniciaron el trámite de grandes préstamos basados en promesas de proyectos que traerían pingües ganancias para el Estado.

El criterio para otorgar los préstamos de COFINA estuvo basado más en el amiguismo que en prácticas financieras sanas.

De las investigaciones realizadas a mediados de la década del 80 –entre ellas la de la entonces fiscal Ana Isabel Belfon– se descubrió que se otorgaron más de 50 créditos sin suficientes garantías ni la debida supervisión de los proyectos. Por si fuera poco, algunos de los beneficiarios montaron empresas de papel o inexistentes para tener acceso a los créditos. En otros casos, los proyectos nunca se iniciaron, pero los dineros sí llegaron a salir.

Oscar Navarro, industrial y político panameño, decidió denunciar el descontrol que reinaba en COFINA y en 1984 interpuso una querella criminal contra un grupo de funcionarios allegados a los militares y miembros del partido oficialista, el PRD. Navarro los acusó de presunto peculado por un monto de 80 millones de dólares en perjuicio de la Corporación.

En la lista figuraban Olmedo Miranda, Pedro Rognoni, Rafael Mezquita, Jaime Trujillo, Victoriano Montero, Juan Gaudeano, Leovigildo Gutiérrez, Pedro Mora, Brenda López, Luis Arias De Icaza, Aracelys Méndez, Atala Filós, Ramiro Sosa, Federico Ardila, Julio Aquino, Carlos Echevarría, Fátima Herrera, Edith Tello y Ricardo Jiménez, entre otros.

Después de 14 años de la denuncia de Navarro, los tribunales resolvieron decretar la prescripción de las sumarias, lo que dejó a Navarro cual Quijote en su lucha contra molinos de viento.

Todo se concatenaba. Los préstamos fraudulentos se habían otorgado durante la gestión del presidente Aristides Royo (1978-1981) y la gestión de Ernesto Pérez Balladares, en su calidad de ministro de Hacienda y Tesoro. La prescripción se decretó en 1994, justamente cuando empezó a gobernar el país el hoy ex presidente Pérez Balladares.

Fue, precisamente, Pérez Balladares quien otorgó indulto a Eduardo Tejeira Morales, Pedro Rognoni, Leovigildo Gutiérrez, Rafael Mezquita, Jaime Trujillo y Edgar Ameglio, uno de los últimos gerentes de COFINA. El único que no pudo agradecerle el favor al presidente Pérez Balladares fue Ameglio por estar fuera del país en calidad de embajador. Ameglio pudo disfrutar de la total tranquilidad cuatro años más tarde, en 1998, cuando los tribunales decretaron la real prescripción de las sumarias sobre su participación en este caso.

Pero la mala suerte de la Corporación no cesaba. El 20 de agosto de 1999, un grupo de auditores de la Contraloría fue enviado por el contralor general encargado, Gustavo Pérez, para revisar sus libros, luego de que fuera denunciada una extraña reducción de la deuda que mantenían los propietarios del Hotel Caesar Park –antiguo Hotel Marriott– de casi cuatro millones de dólares, la cual inexplicablemente fue ordenada por el Consejo Económico Nacional (CENA) y luego refrendada por el Gabinete del presidente Pérez Balladares, dejándola en un millón 500 mil dólares.

Los beneficiados de COFINA


Los asuntos de la Corporación Financiera Nacional (Cofina) no han podido ser más purulentos. Cuando nació, en 1978, su propósito era fomentar el "desarrollo económico del país". En la práctica terminó siendo, con contadas excepciones, fuente de créditos para simpatizantes de la dictadura militar –y en muchos casos sin garantías–. Estos bolsillos son los que ahora podrían beneficiarse con el decreto-ley que firmará el presidente, Martín Torrijos, para "extinguir" la vida de Cofina.

Se desconoce qué ocurrirá con los 20.3 millones de dólares en créditos que Cofina otorgó a 28 clientes y que todavía no ha podido recuperar. La Prensa intentó –sin éxito– obtener copia del proyecto de decreto-ley que Torrijos y su Gabinete aprobarán posiblemente esta semana. Un proyecto anterior –presentado a la Asamblea en 2005 por el viceministro de la Presidencia, Dilio Arcia– disponía que el cobro de las deudas de Cofina lo hiciera el Banco Nacional de Panamá (BNP).

No era el primer intento para que el BNP asumiera su administración. En 1996, fue instruido por el Consejo Económico Nacional para evaluar la "condición real" de la cartera morosa de Cofina. En esa época, Ricaurte Vásquez –hoy ministro de Economía y Finanzas– era parte de la junta directiva de Cofina. Por sus actuaciones como directivo, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) abrió un proceso en su contra

El resultado de la evaluación del BNP fue desalentador: los expedientes no estaban depurados; no había documentos legales; los avalúos eran extemporáneos y se desconocía el paradero de varios clientes.

Aunque de paradero incierto, los nombres no eran desconocidos: muchos sonaban a PRD. No hay que olvidar que Cofina nació bajo la sombra de la dictadura militar.

En la lista de morosos de Cofina aparecen nombres como el del ex legislador perredista Camilo Gozaine –representante de la sociedad Guillermo Tribaldos Jr. y Cía.– que adeuda a Cofina más de 623 mil dólares en capital e intereses.

Karnes de Chiriquí ostenta el "honor" de ser el mayor moroso de Cofina. Alberto González –su representante– adeuda 5.8 millones de dólares. Le siguen Medipan –representada por Juan Canavagio– y Arcitec, con préstamos morosos de 4.7 millones y 4 millones de dólares, respectivamente. En esta última sociedad aparecen connotados nombres menos oficialistas, como los de Bertilda García y Arnulfo Escalona. Su suscritor es el ex procurador Carlos Augusto Villalaz.

Otra deudora, Famesa Internacional, tiene como agente residente al difunto Emeterio Miller, ex magistrado suplente designado por Ernesto Pérez Balladares. Famesa adeuda más de 376 mil dólares.

También está el mayor Santiago Fundora, representante de Nutripec, que debe 134 mil 509 dólares, y Reyna y Reyna S.A., con una morosidad de más de 80 mil dólares. Su presidente es el ex administrador portuario de Pérez Balladares, Rubén Reyna Aput.

Existe un segundo listado de morosos de Cofina en la categoría de préstamos con reserva, que asciende a más de 5.6 millones de dólares. (Cuando un préstamo entra en "reserva" significa que el banco asume el crédito como pérdida).

En este listado es fácil reconocer nombres como el de Omar Horta Torrijos –primo hermano de Martín Torrijos– representante legal de Zabaco, sociedad que debe a Cofina más de 123 mil dólares.

También figuran Ricardo Bilonick y Michael Petroski, representantes legales de Aviones de Panamá S.A. Aunque su morosidad es muy poca: menos de mil dólares. La notoriedad de Bilonick viene de su encausamiento por narcotráfico en Florida (EU).